La energía nuclear se utiliza
en muchos sitios del planeta

La tecnología nuclear está ampliamente
extendida por todo el planeta

Moratoria Nuclear

La moratoria nuclear supuso el bloqueo de 5 proyectos de centrales de energía nuclear de los 7 que había aprobados (y algunos iniciados) en España.

Los Planes Energéticos Nacionales y la Moratoria Nuclear

En el 1983 se redactó un Plan Energético Nacional en el qual la energía nuclear en España se vió muy afectada.

Para adecuar la producción eléctrica nacional a la demanda energética y ajustar los precios el Congreos de los Diputoado aprobó en junio de 1984 el Plan Energético Nacional de 1983 (PEN-83).

La parada nuclear fue la principal novedad del PEN-83 que consistía en la desaceleración del programa de construcción de centrales nucleares.

¿Què motivos provoaron la motatoria nuclear?

  • Razones técnicas.
  • Razones derivadas de la demanda.
  • Condicionamientos sociales. La oposición popular de la energía nuclear, en especial en Extremadora y el País Vasco.

Resultaba necesario readapatar el programa nuclear vigente para elegir únicamente dos centrales de energía nuclear de las siete plantas nucleares que disponía de autorización para su construcción (La central nuclear de Lemóniz I-II, las centrales nucleares de Valdecaballeros I-II, las centrales nucleares Trillo I-II y la central nuclear de Vandellós II).

Central de energía nuclear de Trillo
[Central de energía nuclear de Trillo I]

Con estas dos plantas nucleares se conseguiría alcanzaría la previsión de potencia instalada realizada por el propio Plan que era de 7.600 MW.

La central nuclear de Lemóniz se descartó debido a que era la opción más desfavorable para la seguridad de las personas, y por el impacto económico que hubiera supuesto un hipotético accidente.

La central nuclear de Valdecaballeros se descartó porqué la inversión realizada había sido menor, y tambíen contaba también con una fuerte oposición social e institucional.

Las centrales nucleares de Trillo I y de Vandellós II disponían de una mayor aceptación social e institucional en las zonas de su emplazamiento motivo por el qual se aprobó su construcción.

Repercusiones técnicas de la moratoria nuclear

En la fecha en que se aprobó la moratoria nuclear algunos de los proyectos ya estaban iniciados, así que hubo que plantear estratégias de conservación de lo construido en aquel momento.

En este sentido, en los dos grupos de Lemóniz, se mantuvo la conservación de la construcción hasta la fecha de la moratoria nuclear. En los dos grupos de Valdecaballeros se realizarían sólo tareas de mantenimiento llevando a cabo un Plan de Parada previsto en el PEN-83. En la central nuclear de Trillo II, no se realizó ninguna tarea debido porqué todavía no se había iniciado la construcción.

Repercusiones económicas de la moratoria nuclear

Desde el punto de vista económico la inversión de los grupos propietários de las centrales nucleares que se bloqueaban ya estaban realizadas. Para compensar las pérdidas, por Orden Ministerial, en octubre del 1983, se estabelció un porcentaje de la tarifa eléctrica que se destinaria a hacer frente a estas obligaciones. De modo que hoy en dia, una parte de la factura eléctrica todavía se destina a pagar las inversiones de proyectos de energía nuclear que nunca se han desarrollado.

La obligatoriedad jurídica de la moratoria nuclear se incluyó también en el Plan Energético Nacional de 1991 (PEN-91). Este plan establecía una serie de previsiones de la demanda de energía eléctrica durante el período de su vigencia y apostaba por la diversificación de las fuentes de energía, potenciando el gas y las energías renovables en detrimento de la energía nuclear, el petróleo y el carbón.

Se reconoció además una deuda con las empresas propietarias de las centrales en moratoria nuclear por sus activos paralizados de cerca de 3.800 millones de euros a 31 de diciembre de 1989.

La solución a la problemática de la moratoria nuclear llegaría con la aprobación de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN) de 1994. Esta disposición legal sólo afectaba a ciertas centrales nucleares, dirigiéndose especialmente a establecer compensaciones económicas por los perjuicios causados por la paralización de dichas centrales. Para ello podían deducirse un porcetaje de la terifa eléctrica.

Esta Disposición no afectaba a los terrenos seleccionados para los emplazamientos de las centrales nucleares en moratoria nuclear, que seguirían perteneciendo a las empresas propietarias de dichas instalaciones.

En diciembre de 1996, el Gobierno y las empresas eléctricas suscribieron el Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional. El resultado fue la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que introdujo grandes cambios en el sistema vigente.

Esta nueva ley supuso una liberalización completa de la actividad de producción de energía eléctrica, de modo que la construcción de centrales nucleares sólo estaría sujeta al régimen de autorización administrativa previa.

Además, establecía el sistema de compensaciones a las empresas propietarias de las centrales nucleares paralizadas definitivamente, fijando una cuantía individual para cada proyecto y un plazo máximo de 25 años para su completo pago.

Compensaciones de los proyectos de centrales nucleares paralizadas definitivamente

La Orden Ministerial del Ministerio de Economía de junio de 1996, estableció un Fondo de Titularización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, como único cesionario de la totalidad del derecho de compensación reconocido a las compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y Comañía Sevillana de Electricidad) titulares de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II.

La anualidad correspondiente a 2000 y el importe pendiente de compensación, fueron establecidos según la Resolución de 15 de enero de 2001 de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Para determinar el importe pendiente de compensación el día 31 de diciembre de cada año, se realiza una auditoría previa de cada proyecto por separado, en la que se valoran los gastos ocasionados por los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre de las instalaciones de las centrales nucleares paralizadas.

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